La Calle 18 une en 15 kilómetros la ruta 3 con el asentamiento de Arroyito • Juan Carlos Meza
La Calle 18 une en 15 kilómetros la ruta 3 con el asentamiento de Arroyito • Juan Carlos Meza

En algunas comunidades de Concepción, uno de los departamentos más pobres de Paraguay, usar casco es sospechoso. Para las maestras y los alumnos que necesitan llegar hasta sus escuelas, especialmente en las zonas rurales del país, las motos son tan necesarias para la educación como los lápices y cuadernos. Pero en Concepción no pueden usar casco. Solo los sicarios los usan, dicen los pobladores.1

En las localidades de Yby Yaú o Arroyito, a 350 kilómetros al norte de Asunción, es común ver a niños y adolescentes uniformados que van en motos a sus escuelas sin protección. Pero ese es solo uno de varios riesgos a los que se enfrentan.

En agosto de este año, un congresista paraguayo recomendó rociar con napalm el norte del país para eliminar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo criminal armado que ha sido acusado de secuestros, atentados y muertes. Dos meses antes, otra congresista, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Senado, había sugerido algo similar: bombardear la zona aunque en el proceso «deban morir inocentes». Lo que no dicen los legisladores es que la violencia que se asocia al norte hoy en día va de la mano con otra característica de los departamentos como Concepción: el sistemático abandono del Estado al que han sido sometidos a lo largo de décadas.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, Concepción fue aislada por ser de tradición liberal, una corriente de oposición al régimen. Y poco ha cambiado en democracia. Hoy, el 37 % de la población del departamento vive con menos de dos dólares al día, a pesar de ser productor del segundo rubro más rentable del país: la ganadería. Es terreno de disputa de narcotraficantes, escenario de asesinatos irresueltos a intendentes y dirigentes campesinos y, desde hace más de 10 años, se ha convertido en zona de influencia del grupo criminal armado EPP. Este último se ha ganado la atención y una respuesta inequívoca de las autoridades: la militarización del norte del país.

Más allá de los grupos armados, los sicarios, el narcotráfico, los militares, la falta de acceso a servicios básicos y el avance de un modelo económico que los excluye, un grupo de docentes —los inocentes que «podrían morir» según el plan de los congresistas—,trabajan en sus comunidades para seguir ofreciendo la posibilidad de educar a niños y niñas de la zona.