Cartes concentra todo el poder
Por Ricardo Canese
Con el respaldo del
maltrecho “pacto azulgrana” --ya con significativas fugas a tan sólo un mes y
medio de mandato-- Cartes consiguió aprobar la versión más dura del proyecto de
ley de participación público privada el pasado jueves 26 de setiembre en el
Senado.
Se había anunciado que la
ley sancionada por Diputados podía ser tratada por el Senado apenas hasta el
miércoles 25 de setiembre. Cuando no pudieron seguir el tratamiento el día
martes 24 de setiembre --porque el “pacto azulgrana” se resquebrajó con la
disidencia de varios senadores liberales y de algunos colorados, quedando sin
quórum la sesión-- el oficialismo cartista (colorados, oviedistas y llanistas)
“descubrió” que el plazo vencía el jueves 26, en una interpretación
indudablemente forzada de la Constitución y las leyes. Ese mismo jueves,
volvieron a maniobrar para levantar abruptamente la sesión ordinaria del Senado
y convocar a sesión extraordinaria un par de horas después. La cuestión era
aprobar como sea una ley aún más discrecional a la de Diputados.
¿En qué se diferencia lo
aprobado por el cartismo en el Senado? En que explícitamente se mencionan ya no
sólo obras de infraestructura, sino también todos los servicios básicos
esenciales (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado,
telecomunicaciones) y la energía (gasoductos, poliductos, etc). Esta nueva
versión, hace aún más semejante la participación público privada a una
concesión, aunque siempre sin llamarle por su nombre, pues la Constitución
prohíbe que el Ejecutivo concesione sin permiso del Congreso. La versión del
Senado es mucho más abiertamente inconstitucional que la de Diputados, amén de
haber sido aprobada fuera de plazo.
Ambas versiones –de
Diputados y el Senado-- coinciden en dejar totalmente fuera al Congreso y al
Poder Judicial. Es Cartes el único que tratará las privatizaciones/concesiones
con poderosas empresas privadas, con las que sólo él negociará y firmará
contrato.
Peor aún, todas las
inversiones privadas en rutas, ferrocarrilles, aeropuertos, ríos, puertos,
generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, agua
potable, alcantarillado sanitario, poliductos, gasoductos, hospitales,
colegios, etc, serán garantizados por los ingresos del Estado, es decir, por
impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, royalties y compensaciones, entre
otros, que son los que sostienen la educación, la salud, los servicios sociales
y los presupuestos municipales y departamentales. Se pone en riesgo, así, todo
lo que posee el Estado. Se pone en riesgo la educación, la salud y todo el
servicio público. Es lo mismo –pero mucho más agravado-- que ocurrió con
Gramont Berres, a quien se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas en
La Colmena a finales de la dictadura de Alfredo Stroessner, con el aval del
Estado paraguayo. La fábrica
no fue factible (supuestamente lo era en los papeles) y hasta hoy estamos
pagando las consecuencias: el Paraguay pierde unos 100 millones US$/año por no
poder depositar nuestras reservas (de 5.000 millones US$) en bancos que nos
paguen al menos 2%/año, pues hay riesgo de que las mismas sean incautadas.
La ley de participación
público privada aprobada –tanto en su versión de Diputados como de Senadores--
prevé que el Estado pondrá las garantías en un fondo fiduciario, en caso que
los ingresos del emprendimiento (el peaje de la ruta construida, la tarifa de
agua o del servicio eléctrico, la tasa aeroportuaria, etc) no permitan pagarle
al empresario privado que invirtió lo que pretende. Así, el empresario privado
no corre ningún riesgo. Según la ley aprobada, el único que arriesga ingresos
(impuestos, royalties, tasas, etc) es el Estado, o incluso sus bienes, a más de
préstamos y bonos, y hasta compensaciones a favor del privado, que incluso
puede ser (y será muchas veces) una transnacional, que dirimirá cualquier
controversia con ventaja en el CIADI en Washington, u otro sitio conveniente a
sus intereses, según esta nefasta ley.
¿Qué sentido tiene esta ley?
La de enriquecer a transnacionales y grandes empresas privadas “amigas” en
forma segura. Es una ley salvaje, directamente para el saqueo de la cosa
pública, pues la transnacional –como Gramont Berres-- podrá llevar a cabo
proyectos inviables y ganar mucho dinero con su construcción (y hasta
operación), total cualquier pérdida la pagará el Estado.
La experiencia de leyes
mucho más prolijas, en países como Gran Bretaña, fue desastrosa, como lo
atestigua un reciente informe del Parlamento Británico. Si en Gran Bretaña, con
instituciones que realmente funcionan, hubieron sobrecostos enormes, ¿qué le
parece al lector que pasará en el Paraguay, dejando –para peor-- todo en manos
del “súper honesto” Cartes, sin ningún control?
Debemos crear conciencia y
manifestarnos públicamente en contra de este verdadero atropello a la
Constitución y al patrimonio nacional. La verdad y los intereses nacionales,
finalmente triunfarán.Fuente: http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=78733&cat=Nacionales
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