Cartes: por los caminos de Stroessner, Fujimori y Menem
La historia muchas veces se repite, generalmente en forma de tragicomedia.
Cartes, el verdadero autor intelectual
del golpe de Estado parlamentario, con el apoyo del Imperio, busca
desarrollar un modelo que le llama “nuevo rumbo”, aunque no es sino el
viejo rumbo de la dependencia. Busca reprisar –bajo otras
características debido al nuevo contexto– a los modelos de Stroessner, Fujimori y Menem, o incluso Sánchez de Lozada (en Bolivia), en una mala mezcla de todos ellos.
Quien concretó el golpe de Estado junto
con Llano –teniéndolo a Federico Franco como aliado táctico, dada su
enorme ambición de llegar como sea a la Presidencia– hoy está
concretando el modelo que ya previó hace poco más de un año. Se propuso
quitar cuatro leyes que le permitirían concentrar todo el poder político
y económico en sus manos: la ley de militarización, en vigencia a solo
seis días del inicio de su mandato; la ley de responsabilidad fiscal (en
realidad de “irresponsabilidad” fiscal), promulgada hace unos días; la
ley de privatización, vía la modalidad de participación público privada,
a ser sancionada probablemente este lunes 28 de octubre, según la
versión más “dura”, impuesta por él mismo; y la ley de protección a las
inversiones extranjeras, cuyo texto aún se desconoce, pero que
indudablemente aseguraría la entrega de la soberanía nacional a las
transnacionales. Pensar que estos grupos se autodenominan “soberanos”…
¿Qué pretende Cartes con estas 4 leyes?
Concentrar todo el poder real en sus manos, como lo hizo Alfredo
Stroessner, al establecer la “democracia sin comunismo”. En realidad,
era la democracia sin demócratas ni libertades, una dictadura pura y
dura. Ahora, Cartes puede intervenir con las FFAA en cualquier sitio de
la República sin rendir cuentas al Congreso, como la Constitución exige.
La fiscalía está actuando represivamente contra el movimiento social,
desde la imputación de campesinos en la masacre de Curuguaty –los
verdaderos autores no están siendo investigados– hasta la mucho más
reciente citación ante la Fiscalía de líderes sociales, como Luis
Aguayo, de la MCNOC, José Pineda, de SITRANDE y Gabriel Espínola, de la
OTEP, por liderar la resistencia contra la entrega de la soberanía a
través de la ley de participación público privada, bajo la figura de la “perturbación de la paz pública”,
el viejo lenguaje stronista.
La excusa son las bombas de estruendo que
se tiraron contra la sede del Partido Colorado. Criminalizar las luchas
sociales, no es propio de un régimen democrático, sino de las
dictaduras, como el stronismo, el que justificó siempre el eterno Estado
de Sitio y la prohibición de toda manifestación pública, para “evitar que se rompan los cristales de los comercios”,
como repitió más de 1.000 veces el apologista de la dictadura,
Ezequiel González Alsina, a través de “Patria”, al justificar la
dictadura.
Cartes pretende dejar al Congreso y al
Poder Judicial como meros apéndices del Ejecutivo, del cual deban
cumplir órdenes, como ocurría durante la dictadura stronista. Así lo
decidió en el caso de las leyes de militarización, de (i)responsabilidad
fiscal y de participación público privada.
En esta ley, el Contrato
será firmado exclusivamente con Cartes, o sus ministros/presidentes de
entes, nombrados por él, quienes controlarán la ejecución de las obras y
prestación de servicios, sin los molestos controles del Congreso ni de
la Contraloría o del Poder Judicial, que quedan totalmente fuera. Es
también lo que han hecho Fujimori –hoy preso en el Perú por los crímenes
cometidos–, Sánchez de Losada –fugado de Bolivia ante una verdadera
insurrección popular– y Menem en Argentina, quien quedó estigmatizado
para siempre, como el entregador de la soberanía de su país.
¿Quién le controlará a Cartes? No lo
hará el Congreso, que ya quedó fuera de las leyes aprobadas o en
gestación (participación público privada). Tampoco lo hará el Poder
Judicial, que en la ley de participación público privada ni siquiera es
mencionado, la cual deja todo a criterio de Cartes para fijar un “arbitraje de derecho”
a su mejor conveniencia, a favor de las transnacionales y empresas
“amigas”. Tampoco lo hará la Contraloría, enteramente excluida de estas
leyes. Sin control de nadie, ¿qué puede hacer Cartes? Nada menos que
hipotecar todos los bienes (todo, menos el aire) e ingresos públicos
(impuestos, royalties, tasas, contribuciones, tarifas, etc). Además,
endeudar al país, en proyectos que podrían ser de dudoso retorno, con lo
cual lo ocurrido con Gramont Berres (pérdida de 100 millones US$)
podría multiplicarse por 100, o incluso más, pudiendo dejarle a todo el
país sin educación, salud ni asistencia social, ante la hipoteca de
impuestos, royalties, etc.
Cartes concentra peligrosamente así la suma del poder, lo que está expresamente prohibido por la Constitución (“ninguno
de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona
alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del
Poder Público”, art. 3°, CN). Cabe, consiguientemente, en un amplio
frente democrático y social –como de hecho ya está ocurriendo–,
movilizarnos junto a todo el pueblo para impedir que una dictadura,
obviamente de nuevo cuño, como pretende Cartes, termine de implantarse, y
lo consiguió Alfredo Stroessner hace algo más de medio siglo. Por la
democracia, la soberanía y los derechos humanos y sociales,
¡movilicémonos todos hasta conseguir la derogación de estas leyes
liberticidas!
Fuente: http://ea.com.py/cartes-por-los-caminos-de-stroessner-fujimori-y-menem/
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