¡¡¡ Rifas y sorteos del Paraguay !!!

Cartes concentra todo el poder

 

Salvaje ley de participación público privada.

Por Ricardo Canese

Con el respaldo del maltrecho “pacto azulgrana” --ya con significativas fugas a tan sólo un mes y medio de mandato-- Cartes consiguió aprobar la versión más dura del proyecto de ley de participación público privada el pasado jueves 26 de setiembre en el Senado.

Se había anunciado que la ley sancionada por Diputados podía ser tratada por el Senado apenas hasta el miércoles 25 de setiembre. Cuando no pudieron seguir el tratamiento el día martes 24 de setiembre --porque el “pacto azulgrana” se resquebrajó con la disidencia de varios senadores liberales y de algunos colorados, quedando sin quórum la sesión-- el oficialismo cartista (colorados, oviedistas y llanistas) “descubrió” que el plazo vencía el jueves 26, en una interpretación indudablemente forzada de la Constitución y las leyes. Ese mismo jueves, volvieron a maniobrar para levantar abruptamente la sesión ordinaria del Senado y convocar a sesión extraordinaria un par de horas después. La cuestión era aprobar como sea una ley aún más discrecional a la de Diputados.

¿En qué se diferencia lo aprobado por el cartismo en el Senado? En que explícitamente se mencionan ya no sólo obras de infraestructura, sino también todos los servicios básicos esenciales (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones) y la energía (gasoductos, poliductos, etc). Esta nueva versión, hace aún más semejante la participación público privada a una concesión, aunque siempre sin llamarle por su nombre, pues la Constitución prohíbe que el Ejecutivo concesione sin permiso del Congreso. La versión del Senado es mucho más abiertamente inconstitucional que la de Diputados, amén de haber sido aprobada fuera de plazo.

Ambas versiones –de Diputados y el Senado-- coinciden en dejar totalmente fuera al Congreso y al Poder Judicial. Es Cartes el único que tratará las privatizaciones/concesiones con poderosas empresas privadas, con las que sólo él negociará y firmará contrato.

Peor aún, todas las inversiones privadas en rutas, ferrocarrilles, aeropuertos, ríos, puertos, generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, poliductos, gasoductos, hospitales, colegios, etc, serán garantizados por los ingresos del Estado, es decir, por impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, royalties y compensaciones, entre otros, que son los que sostienen la educación, la salud, los servicios sociales y los presupuestos municipales y departamentales. Se pone en riesgo, así, todo lo que posee el Estado. Se pone en riesgo la educación, la salud y todo el servicio público. Es lo mismo –pero mucho más agravado-- que ocurrió con Gramont Berres, a quien se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas en La Colmena a finales de la dictadura de Alfredo Stroessner, con el aval del

Estado paraguayo. La fábrica no fue factible (supuestamente lo era en los papeles) y hasta hoy estamos pagando las consecuencias: el Paraguay pierde unos 100 millones US$/año por no poder depositar nuestras reservas (de 5.000 millones US$) en bancos que nos paguen al menos 2%/año, pues hay riesgo de que las mismas sean incautadas.

La ley de participación público privada aprobada –tanto en su versión de Diputados como de Senadores-- prevé que el Estado pondrá las garantías en un fondo fiduciario, en caso que los ingresos del emprendimiento (el peaje de la ruta construida, la tarifa de agua o del servicio eléctrico, la tasa aeroportuaria, etc) no permitan pagarle al empresario privado que invirtió lo que pretende. Así, el empresario privado no corre ningún riesgo. Según la ley aprobada, el único que arriesga ingresos (impuestos, royalties, tasas, etc) es el Estado, o incluso sus bienes, a más de préstamos y bonos, y hasta compensaciones a favor del privado, que incluso puede ser (y será muchas veces) una transnacional, que dirimirá cualquier controversia con ventaja en el CIADI en Washington, u otro sitio conveniente a sus intereses, según esta nefasta ley.

¿Qué sentido tiene esta ley? La de enriquecer a transnacionales y grandes empresas privadas “amigas” en forma segura. Es una ley salvaje, directamente para el saqueo de la cosa pública, pues la transnacional –como Gramont Berres-- podrá llevar a cabo proyectos inviables y ganar mucho dinero con su construcción (y hasta operación), total cualquier pérdida la pagará el Estado.

La experiencia de leyes mucho más prolijas, en países como Gran Bretaña, fue desastrosa, como lo atestigua un reciente informe del Parlamento Británico. Si en Gran Bretaña, con instituciones que realmente funcionan, hubieron sobrecostos enormes, ¿qué le parece al lector que pasará en el Paraguay, dejando –para peor-- todo en manos del “súper honesto” Cartes, sin ningún control?

Debemos crear conciencia y manifestarnos públicamente en contra de este verdadero atropello a la Constitución y al patrimonio nacional. La verdad y los intereses nacionales, finalmente triunfarán.

Fuente: http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=78733&cat=Nacionales