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Para el próximo 27 de julio se encuentra programada la realización del juicio a los campesinos y campesinas, quienes llevan casi tres años de encierro, acusados de provocar lo que se conoce como la Masacre de Curuguaty o Masacre de Marina Kue, en el departamento de Canindeyú, Paraguay. Dados todos los antecedentes que muestran el continuo hostigamiento y el tratamiento con saña al que son sometidos los campesinos criminalizados, considerados presos políticos, no quedan dudas de que se habla de un juicio injusto, que tiene más de montaje que de argumentos racionales.
El juicio fue varias veces postergado. En 2014, se realizaron aplazamientos bajo insólitas excusas; por ejemplo, se ha dicho que no se llegó a tiempo con las debidas citaciones como quien suspende una fiesta y dice: “no pude mandar las invitaciones”. En aquella ocasión, las organizaciones que apoyan a los campesinos consideraron que en realidad el caldeado escenario de la resistencia social no favorecía a las condiciones necesarias para el juzgamiento de los presos y presas.
Otro intento de juicio estaba previsto para el 22 de junio de este año; el mismo se postergó bajo el absurdo de no contar con las salas para las audiencias, argumento totalmente inválido ya que el juicio puede realizarse en cualquier lugar público, más aún cuando el tema es de interés nacional e incluso internacional. Se estima que las verdaderas razones de esta decisión tienen que ver con la visita del Papa Francisco, pues de haberse iniciado el juicio de Curuguaty en las fechas previstas coincidiría con la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica, en un país cuya población asume mayoritariamente dicha religión. En verdad, esta hipótesis tiene mucho sentido cuando se observa el esfuerzo que realizado por el gobierno paraguayo en virtud de mostrar un país “en orden”, un país “pujante”, sin miserias, pobrezas, ni problemas (1). Nada más alejado de la realidad.
Además cabe recordar las numerosas dilaciones que han tenido lugar durante la audiencia preliminar a cargo de la jueza Janine Ríos, quien en su momento decidió elevar la causa a instancias de juicio, dando lugar a la acusación que recae sobre Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Nery Urbina.
Sobre las continuas dilaciones, se pueden realizar algunas reflexiones:
· El juicio de Curuguaty es una bomba de tiempo a punto de estallar: quienes buscan la condena de los campesinos saben que esa decisión tendrá costos políticos que nadie quiere afrontar. La oligarquía terrateniente quedó entrampada en su propia especulación: si sueltan a los campesinos se quedan sin “culpables”, pero si los condenan, tarde o temprano deberán responder por las sanciones sociales e internacionales.
· Los campesinos pueden esperar: es fácil dilatar al máximo un proceso cuando los que están privados de su libertad son otros, son los pobres y marginados. Mientras los funcionarios del poder judicial analizan cuál es el mejor momento para la realización del juicio en un intento de minimización del impacto social, internacional y mediático los campesinos padecen un macabro encierro.
· De no ser por la resistencia, los campesinos ya estarían condenados: si se libera a las personas presas, el montaje de la Masacre quedaría sin culpables, es por ello que esta farsa precisa de los campesinos. La resistencia organizada está lejos de “olvidarse del asunto”, tal como especulan ciertos sectores del poder y cada día se consiguen nuevas adhesiones apelando a la solidaridad internacional que en este momento se articula alrededor de la campaña “Soy observador/a de Curuguaty” (2).
Más allá de la fuerte presión que está ejerciendo la resistencia organizada urbana y campesina, nacional e internacional, hay antecedentes que no son alentadores. El primero y más inmediato es el caso de Rubén Villalba, sindicado como uno de los mentores de la Masacre, sometido a torturas psicológicas y condenado injustamente a siete años de prisión por causas en las que no participó y que además se encontraban caducas al momento de su ejecución judicial.
Otro antecedente es que se conoce como el “caso de los seis” o el “caso de los seis campesinos”. Las similitudes entre el mismo y el de Curuguaty radican en que se involucra una conspiración con consecuencias institucionales (en el caso de los seis se trata del asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, en Curuguaty se habilita el precipitado juicio político al entonces presidente constitucional Fernando Lugo); en ambos casos se infringen gravemente las garantías y los derechos de los imputados; la solidaridad internacional se ha pronunciado de manera contundente, pero lamentablemente no ha sido suficiente para evitar la condena sin pruebas y con ensañamiento a la que fueron sometidos los seis campesinos.
Mientras tanto, las familias violentamente desalojadas el 15 de junio de 2012 realizan nuevamente la ocupación de las tierras de Marina Kue, porque consideran que la misma les pertenece, a la espera también de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la titularidad del inmueble. Este punto que parece por ahora lejos de resolverse por el silencioso tratamiento por parte de las máximas autoridades del poder judicial de ese país es fundamental para el caso, ya que los titulares de Campos Morombí S.A no ceden en su voluntad de apropiarse de esa porción de tierra en la que ocurrió la masacre.
Tres años de la Masacre de Curuguaty: ¿hasta cuándo seguirá esta farsa?
El pasado 15 de junio se cumplieron tres años de la Masacre de Curuguaty, también conocida como la Masacre de Marina Kue, cuando un hecho confuso arrojaba el saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías.
En principio el caso fue expuesto como un desalojo de personas que invadieron una propiedad privada de la empresa Campos Morombi SA, del empresario y político colorado Blas N. Riquelme, vinculado con la dictadura stronista; pero los documentos revelados luego demuestran que las tierras son en realidad del Estado paraguayo, donadas en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA. Riquelme se apropió de las mismas indebidamente, tal como lo asegura el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Curiosamente, sobre este punto la Corte Suprema de Justicia todavía no se expide.
Por aquellos días, la noticia giraba en torno al precipitado juicio político al que fue sometido el entonces presidente democráticamente electo, Fernando Lugo, siete días después en medio de una absurda plataforma que tenía a la Masacre como argumento fundamental para la destitución. Los hechos ocurrían frente a la mirada absorta de las audiencias internacionales, que no podían creer la falta de seriedad al que se sometía al máximo mandatario del país.
Días después, el vicepresidente, Federico Franco, quien conspiró desde el principio de la gestión para poder alcanzar el poder, se alzó sobre el ejecutivo. Ni bien usurpó la banda presidencial se apresuró con tres objetivos: “liquidar” asunto de Curuguaty, para lo cual se eligió a un grupo de campesinos como chivo expiatorio; liberó eventos transgénicos hasta entonces trabados por la gestión Lugo, para ello se convirtió en un importante promotor de los transgénicos; desguazó las arcas del Estado, dinero que se habría sido derivado en la campaña política que culminaría con el arribo del actual presidente Horacio Cartes.
De esos tres objetivos, solo el primero no pudo cumplirse totalmente gracias a la resistencia organizada que comenzó a gestarse y que continúa creciendo en todo el mundo. Hasta el momento no se consiguió condenar como culpables a los campesinos y con ello ponerle broche al montaje, tal como buscó desde un principio la oligarquía agro-exportadora, mentora del “golpe” que opera a partir de los partidos tradicionales, el brazo que dispone en el poder judicial y las mafias organizadas que actúan en los territorios candentes.
Las irregularidades del proceso judicial son infinitas: relaciones de afinidad entre los funcionarios judiciales; el no esclarecimiento de la condición de las tierras de Marina Kue, lo cual sería motivo de nulidad del juicio; el desastroso desempeño de la audiencia pública; la persecución que reciben los abogados defensores y los testigos de la causa; la introducción tardía e irregular de supuestos elementos probatorios; la no consideración de pruebas básicas como las fotografías que muestran a policías ultimando a campesinos indefensos, entre otras atrocidades.
La Masacre de Curuguaty no solamente desnuda los problemas estructurales de ese país sino que muestra con todo su esplendor un flagelo que castiga a toda América Latina: la concentración de la tierra y de la renta a partir del modelo del agronegocio. El caso de Paraguay ejemplifica hasta qué punto es capaz de llegar el empresariado sojero en articulación de las mafias y sin límite alguno.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=8186
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